Factores bien conocidos como la creciente digitalización de nuestras vidas, la incesante aparición de tecnologías disruputivas (Internet de las Cosas, 5G…) o las dificultades de atribución delictiva o de determinación de jurisdicciones en el mundo digital, entre otros, han propiciado un rápido crecimiento de la cibercriminalidad. De hecho, ésta ha pasado de representar un 5,7 por ciento de la criminalidad total en 2017 a un 15,7 por ciento en 2021.
Ante esta situación, el Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad (PECCr) del Ministerio del Interior, de 2021, apuesta por una respuesta coordinada nacional e internacionalmente, y con la ciberinteligencia como motor del proceso decisorio. Este documento aborda aspectos cruciales de la prevención como la promoción de una sólida cultura de la ciberseguridad, al tiempo que profundiza en los mecanismos de protección, detección y respuesta mediante la potenciación de capacidades y la formación especializada.
Además, entiende la ciberseguridad como un esfuerzo común, potenciando la colaboración de los sectores público y privado y promoviendo la implicación de la ciudadanía en su propia protección. Y busca dotar al ecosistema de ciberseguridad de un marco normativo e institucional adecuado.
Dentro de este plan, soporte de la estrategia contra la cibercriminalidad del Ministerio del Interior, cobran particular relevancia la prevención y las iniciativas tendentes a lograr una ciudadanía más formada en hábitos de ciberseguridad que reduzcan en lo posible los riesgos digitales que cada día asumimos. Entre ellas se encuentra la campaña de divulgación lanzada en enero por el Ministerio y que tendrá continuidad en el marco del Plan Permanente de Divulgación previsto en el PECCr, actualmente en elaboración.
Coordinación
Otra prioridad estratégica de la Secretaría de Estado de Seguridad (SES) es la coordinación, lo que ha llevado a la potenciación de las capacidades ejecutivas de la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) en una triple vertiente: su constitución como centro de respuesta a incidentes del Ministerio del Interior y de apoyo a las unidades de tecnológicas de Policía Judicial; su conformación como observatorio frente a la cibercriminalidad de dicho Ministerio; y su plena asunción de las funciones de autoridad competente de ciberseguridad para operadores esenciales y críticos, atribuidas a la SES por el Real Decreto-ley 12/2018.
Reforma que mejorará las capacidades de la OCC de generación de ciberinteligencia, de respuesta a ciberincidentes y de coordinación técnica de los organismos dependientes de la SES, de estos con los CSIRT de referencia y con instituciones como la Fiscalía o los actores contemplados en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
En resumen, el Ministerio del Interior apuesta por continuar profundizando en el desarrollo del PECCr, con la prevención, la coordinación y la ciberinteligencia como máximas prioridades.
