El año 2023 marcó un hito en la obtención de pruebas electrónicas con la adopción, el pasado julio, de un nuevo paquete legislativo de Evidencia Electrónica de la Unión Europea (UE). Aunque esta legislación entrará en vigor a mediados de 2026, su adopción establece un camino claro para que los estados miembros de la UE y los proveedores de servicios adapten sus procesos existentes y brinden mayor certeza legal y eficiencia en la obtención de evidencia electrónica transfronteriza en el futuro.
En concreto, permitirá a las autoridades competentes emitir órdenes jurídicamente vinculantes directamente a los proveedores de servicios que ofrecen asistencia dentro de la UE, independientemente de su ubicación. De tal forma, que ayudará durante los extensos procedimientos judiciales para obtener datos a través de las fronteras, así como las incertidumbres jurídicas que rodean las prácticas de cooperación voluntaria entre las autoridades competentes y los proveedores de servicios.
Además, esta medida requerirá que los proveedores de servicios establezcan un representante legal en al menos un estado miembro de la UE para la recopilación de evidencia electrónica en procedimientos penales. Estas son algunas de las principales conclusiones publicadas en el informe de la Europol, SIRIUS EU Electronic Evidence Situation Report 2023.
Nueva era digital
Otros resultados del informe destacaron que el Segundo Protocolo Adicional al Convenio de Budapest sobre Ciberdelincuencia recibió su segunda ratificación y espera tres ratificaciones más para entrar en vigor. De esta manera, este nuevo instrumento jurídico introducirá nuevas bases legales para la cooperación directa entre autoridades competentes y entidades privadas para la obtención de datos transfronterizos.
Además, la UE y Estados Unidos reanudaron las negociaciones para un acuerdo internacional que facilite el acceso a pruebas electrónicas. Asimismo, el acta de servicios digitales de la UE entró en vigor para plataformas en línea en agosto de 2023, estableciendo requisitos mínimos estandarizados bajo las leyes nacionales de los estados miembros de la Unión.
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