Durante el transcurso del año 2023 se registraron 880.418 denuncias y más de 12 billones de dólares en pérdidas relacionadas con la ciberdelincuencia. De hecho, en comparación con 2022, estas cifras han supuesto un aumento del 10 por ciento de las denuncias y del 22 por ciento con respecto a las pérdidas totales. El tipo de ciberdelicuencia más costoso fue el relativo a las ciberestafas por inversión, alcanzando los 4.570 millones de dólares, un 38 por ciento más que en 2022. Así lo recogen los datos del Centro de Denuncias de Delitos en Internet (IC3), que además de ofrecer al público una vía directa para denunciar este tipo de delitos, permite al FBI avanzar en las investigaciones y combatir la ciberdelincuencia.
Ciberdelincuencia en auge
El segundo delito más costoso se relaciona al correo electrónico comercial (BEC), con un total de 2.900 millones en pérdidas y 21.489 denuncias registradas. Por otro lado, las ciberestafas por soporte técnico fueron el tercer tipo de delito que más pérdidas económicas registró. Las víctimas entre 30 y 49 años fueron el grupo de edad que más denunció los fraudes de inversión. Sin embargo, las personas mayores representaron más de la mitad de las pérdidas por ciberestafas relacionadas con el soporte técnico.
Según IC3, el ransomware continuó siendo uno de los ciberdelitos más costosos de 2023. Tras un ligero descenso en 2022, volvió a ascender a más de 2.800 reclamaciones, representando un incremento del 18 por ciento. A su vez, las pérdidas aumentaron un 74 por ciento en 2023 con respecto a 2022, alcanzando los 59, 6 millones de dólares. Relativo a esto, el FBI ha observado nuevas tendencias de ransomware como el despliegue de distintas variantes a la misma víctima y el empleo de tácticas de destrucción de datos para aumentar la presión sobre los afectados en las negociaciones.
El Equipo de Activos de Recuperación
En otro orden, el Equipo de Activos de Recuperación (RAT) del IC3, establecido en 2018, ha demostrado el compromiso del FBI de ayudar a los afectados por ciberataques. En concreto, el RAT ha agilizado las comunicaciones con las instituciones financieras con el objetivo de facilitar la congelación de fondos de las víctimas. Por ejemplo, en 2023, aplicó una retención monetaria de 538 millones de dólares, representando una tasa de éxito del 71 por ciento.
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