Desde el uno de diciembre de 2023, las empresas con 50 empleados o más están obligadas a disponer de un canal de denuncias. En este contexto, la empresa tecnológica española, GlobalSuite Solutions, ha implementado un canal de denuncias de su división de Software en 730 empresas de ocho países distintos. A través de la plataforma, tanto empleados como partes interesadas tienen la posibilidad de informar sobre conductas inapropiadas o incumplimientos de políticas, promoviendo un entorno basado en la integridad y la confianza.
Este canal de denuncias permite a los empleados realizar reportes de forma anónima, con el fin de promover un entorno laboral ético y transparente, así como identificar y solucionar de manera eficiente cualquier inconveniente. Esto se traduce en un adecuado desempeño de las empresas. De este modo, el canal de denuncias se ha posicionado como una función clave dentro de la estrategia GRC de la empresa. Según un estudio de Verified Market Research, publicado en enero de 2024, «la industria GRC generó a nivel global un total de 50.500 millones de dólares en 2023».
Los canales de denuncia en Latinoamérica
No obstante, en América Latina, la adopción de canales de denuncia y sistemas de cumplimiento sigue una tendencia similar y varía dependiendo de cada país. En concreto, destaca su relevancia en países como Chile, México, Perú y Colombia. Por ejemplo, en Chile, la Ley 20.393 establece que las personas jurídicas son penalmente responsables en casos de delitos como lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionarios públicos. Sin embargo, con este canal de denuncias, se promueve la adopción de modelos de prevención de delitos que requieren la implementación de canales para que empleados y terceros puedan informar de manera confidencial.
A su vez, en Colombia, las empresas se enfrentan a multas, restricciones en licitaciones públicas y la disolución en delitos como el lavado de activos, la corrupción o el soborno transnacional. En concreto, el Estatuto Anticorrupción en Colombia trabaja para erradicar la corrupción y fomentar la transparencia en la gestión de los fondos públicos y privados.
Por otra parte, en México, las distintas reformas y las normativas Compliance han hecho que las empresas adopten programas de prevención y canales de denuncia eficaces, promoviendo de esta manera las prácticas empresariales éticas. Y en Perú, la responsabilidad penal corporativa establece que las empresas deben implementar canales de denuncia como parte de sus programas de cumplimiento.
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