La Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha solicitado una moratoria en la venta y el uso del software de espionaje en teléfonos móviles. La petición de dicha prórroga se sustenta en la ausencia de normas que regulen su utilización y garanticen el respecto a los derechos humanos.
Según Nada Al-Nashif, alta comisionada en funciones para los Derechos Humanos de la ONU, «aunque, supuestamente, el software de espionaje tiene como fin combatir el terrorismo y la delincuencia, a menudo se emplea de manera ilegítima. Por ejemplo, para reprimir las opiniones críticas o disidentes y a quienes las expresan, incluidos periodistas, políticos de la oposición y defensores de los derechos humanos».
Informe de Derechos Humanos sobre el ‘software’ de espionaje
Al respecto, un informe de la Oficina de Derechos Humanos advierte que el uso de este tipo de herramientas conlleva serias amenazas para la privacidad de las personas. Y se centra en tres áreas específicas:
- El abuso de las autoridades estatales en la utilización de los programas espía (spyware).
- El papel clave que desempeñan los métodos de encriptación en la protección de los derechos humanos en línea.
- Las repercusiones de la vigilancia digital de los espacios públicos dentro y fuera de Internet.
A modo de ejemplo, el documento cita a Pegasus, creado por la compañía israelí NSO para que los servicios de inteligencia de los países lo utilicen contra criminales y terroristas. Sin embargo, han sido notorios los casos en los que también se ha empleado para espiar a periodistas, políticos y miembros de la sociedad civil.
«Pegasus puede convertir la mayoría de smartphones en dispositivos de vigilancia las 24 horas del día, permitiendo al intruso acceder a la información almacenada en el terminal y espiar la vida de su usuario», advierte el informe.
Este último concluye que es necesario controlar el software de espionaje a través de una regulación eficaz que cumpla las leyes y normas internacionales en materia de derechos humanos. Ello es así porque «el derecho a la privacidad está más en peligro que nunca. Por ello es necesario actuar y hacerlo ahora», ha manifestado Al-Nashif.
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