El Ministerio del Interior ha anunciado la elaboración y puesta en marcha de un Plan Estratégico contra la Cibercriminalidad. El objetivo de este documento es potenciar la detección, prevención persecución de la cibercriminalidad y atención a las víctimas. Y generar un impulso para garantizar la protección de los derechos y libertades, así como de la ciberseguridad ciudadana. Las medidas y actuaciones contempladas en este plan contarán con un presupuesto de un millón de euros para este año.
Este plan está diseñado por la Secretaría de Estado de Seguridad. Se enfoca en cinco ejes principales desde el punto de vista de la prevención: cooperación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los operadores jurídicos; dotación de capacidades para responder a la cibercriminalidad; colaboración con los actores más importantes en ciberseguridad, ya sean públicos o privados; y respeto a la libertad, privacidad y resto de derechos fundamentales.
Objetivos y ejes estratégicos en torno a la ciberseguridad
Además, el documento pretende conseguir una serie de objetivos a través de estos principios. Dichos objetivos son promover la cultura de prevención de la cibercriminalidad entre la ciudadanía y las organizaciones; impulsar la formación y la especialización de los miembros de las FCSE en materia de ciberseguridad y cibercriminalidad; incrementar y mejorar el uso y disposición de las herramientas tecnológicas e implementar la I+D+i; gestionar adecuadamente la información del ciberespacio; promover un marco legal e institucional que solucione los desafíos relacionados con la ciberseguridad y la cibercriminalidad; e impulsar la coordinación a nivel nacional e internacional y favorecer la colaboración entre el sector público y privado.
En concreto, el plan cuenta con 49 líneas de acción articuladas en torno a seis ejes estratégicos. Estos últimos son cultura de prevención de la cibercriminalidad, potenciación de capacidades, generación de ciberinteligencia, coordinación nacional y cooperación internacional, generación de un marco normativo adecuado y colaboración público-privada.
Los centros y organismos del Ministerio del Interior con competencias en ciberdelincuencia disponen de cuatro meses para presentar sus planes de acción operativos.
Archivado en:
