El Esquema Nacional de Seguridad (ENS), regulado por el Real Decreto 311/2022, es un marco diseñado para garantizar un nivel óptimo de ciberseguridad en las empresas del sector público español, estableciendo para ello requisitos claros y un enfoque basado en la evaluación de riesgos y la implementación de controles para mitigar dichos riesgos. Su principal objetivo es establecer una política común de seguridad que permita la adecuada protección de los sistemas de información y servicios esenciales del país.
Con la implementación de políticas ENS, las organizaciones pueden acelerar su alineación con los requisitos establecidos por esta y otras normativas clave como ISO 27001 o el Reglamento General de Protección de Datos. Actualmente, cumplir con el ENS es un requisito para todas las empresas del sector público y de infraestructuras críticas.
En resumen, tanto las organizaciones públicas como los proveedores de servicios que operan con entidades del sector público español deben cumplir con los estrictos requisitos establecidos por el ENS. Y para hacerlo, deben desarrollar el marco en sus propios sistemas, definir los procesos de evaluación y establecer los mecanismos de reporting. Pero, ¿y si todo ello se pudiera ejecutar de forma automatizada?
Para responder a esta problemática, Qualys ha integrado los controles del ENS en su plataforma de gestión de riesgos, Qualys Enterprise TruRisk. Con ello, se convierte en la primera solución que ofrece la evaluación de los requisitos del ENS de forma integrada, sin necesidad de que el usuario los configure manualmente.
A través de la plataforma, los administradores pueden evaluar su nivel de conformidad con el ENS, ver el estado de cumplimiento de sus activos en tiempo real, recibir alertas sobre posibles desviaciones, priorizar acciones correctivas y generar informes detallados para apoyar la toma de decisiones. Asimismo, proporciona un enfoque simple y centralizado para evaluar la seguridad de los sistemas de información en base a los enunciados del marco, reduciendo además los tiempos de auditoría y la complejidad de gestionar simultáneamente el cumplimiento de múltiples regulaciones.
En definitiva, además de innovación e inteligencia en los procesos de evaluación, las empresas del sector público necesitan herramientas que les permitan automatizar la evaluación, lo que ahorra muchas horas de trabajo y posibles fallos en la evaluación del nivel de cumplimiento.
