La Comisión Europea ha publicado nuevas directrices en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas inglés) para la mitigación de los riesgos sistémicos en línea para las elecciones. En especial, de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo en junio, con el objetivo de garantizar la distribución de recursos suficientes y las medidas de reducción de amenazas. Y es que los servicios designados, en virtud de la DSA, con más de 45 millones de usuarios activos en la Unión Europea tienen la obligación de mitigar estos riesgos relaciones con los procesos electorales, salvaguardando al mismo tiempo los derechos fundamentales.
Las nuevas medidas de la Ley de Servicios Digitales
Las nuevas directrices de la DSA recomiendan medidas en las elecciones, tales como el refuerzo de sus procesos internos, mediante la adecuación de los recursos necesarios. A través del análisis y la información de los riesgos locales, se busca mitigar las amenazas que afectan a todo el proceso electoral. Entre las directrices publicadas destaca la iniciativa de alfabetización mediática. Su fin es capacitar a los usuarios y reducir la viralidad y monetización de los contenidos electorales. A esta medida se le une la adopción de recursos específicos relacionados con la inteligencia artificial generativa y la clasificación de falsedades.
Por ello, la cooperación con las autoridades nacionales y de la Unión Europea, organizaciones de la sociedad civil y expertos independientes es otra de las medidas clave para combatir la desinformación y la manipulación de información extranjera. Además, las novedades introducidas en el marco de la DSA, recogen la implantación de un mecanismo de respuesta a posibles incidentes en la participación electoral. Por último, las plataformas en línea y los motores de búsqueda publican la revisión postelectoral para evaluar la eficacia de todas estas medidas.
Antecedentes
Las directrices tienen en cuenta las aportaciones extraídas de la consulta pública que inició la Comisión el 8 de febrero de 2024, recibiendo 89 respuestas de organizaciones de la sociedad civil, empresas, asociaciones empresariales y ciudadanos. La Comisión Europea también trabajó con los coordinadores de Servicios Digitales, por lo que las medidas también incluyen el control de terceros y la investigación de las directrices para asegurar su aplicación.
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