La Comisión Europea va a establecer una Oficina de IA encargada de hacer efectiva la incipiente Ley de Inteligencia Artificial en el territorio de la Unión Europea. Este nuevo departamento echaría a rodar en los próximos meses.
Una Oficina Europea de Inteligencia Artificial
El anuncio se produce cuando los negociadores de las instituciones de la UE están a punto de cerrar un acuerdo sobre los detalles técnicos de la Ley de IA, el plan europeo para regular las aplicaciones de IA de alto riesgo, después de un acuerdo político el mes pasado.
La ley divide los sistemas de Inteligencia Artificial en cuatro categorías principales según la amenaza potencial que representan para la sociedad. Los sistemas que se consideran de alto riesgo estarán sujetos a reglas estrictas que se aplicarán antes de que ingresen al mercado de la UE. Una vez disponibles, estarán bajo la supervisión de las autoridades nacionales, con el apoyo de la oficina de IA dentro de la Comisión Europea.
La Oficina supervisará la aplicación de la Ley IA de la UE
La decisión de crear una Oficina Europea de Inteligencia Artificial entrará en vigor el 21 de febrero. Su cometido será el de velar por la actualización y el cumplimiento de la normativa sobre IA generativa, en virtud de la próxima Ley de IA. También funcionará como organismo central de la UE para la coordinación de la política de Inteligencia Artificial, trabajando con otros departamentos de la Comisión, agencias de la UE, empresas y los 27 Estados miembros de la UE.
Pero el plan de la Comisión Europea de financiar este nuevo departamento tirando del presupuesto del Programa Europa Digital —que financia proyectos relacionados con la ciberseguridad y la supercomputación— suscitó preguntas durante una reunión celebrada a finales de enero entre la comisión y una delegación diplomática. La idea de contratar a un centenar de personas para su nueva Oficina de IA produjo reacciones por parte de varios estados miembros de la UE, según las actas de este encuentro a las que tuvo acceso Euronews.
Países como Dinamarca, Finlandia y Suecia pidieron más información sobre cómo se redistribuirán los fondos. Además, piden garantías de que la nueva oficina contará con el personal adecuado.
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