En el año 2023, el 52 por ciento de las organizaciones experimentaron un ciberataque o un incidente que les impidió acceder a sus datos. En este sentido, el 90 por ciento de empresas afirmó que sus organizaciones experimentaron algún tipo de disrupción en TI en 2023. Además, las brechas de seguridad externas fueron la causa más citada de pérdida de datos y tiempo de inactividad, según detalla la encuesta del informe Índice Global de Protección de Datos 2023 de Dell Technologies.
En cuanto a las consecuencias de este tipo de ciberataque, las interrupciones que involucraron la pérdida de datos tuvieron un coste promedio de 2,61 millones de dólares en 2023, con una media de 26 horas de tiempo de inactividad no planificado y una pérdida de datos promedio de 2,45 terabytes. Además, el estudio ha destacado que el coste asociado a un evento de ciberataque se duplicó, pasando de 0,66 millones de dólares en 2022 a 1,41 millones de dólares en 2023.
Inteligencia artificial y ‘ransomware’ en el ciberataque
En otro orden, el 52 por ciento de los encuestados por Dell Technologies expresó que la integración de la inteligencia artificial generativa fortalecería sus armas en ciberdefensa. Sin embargo, también opinaron que la herramienta aumentaría tanto el volumen como el valor de los datos de sus organizaciones, reconociendo así la naturaleza dual de la tecnología como defensa y fuente de complejidad.
Por otro lado, la encuesta ha revelado un exceso de confianza en relación con los ataques de ransomware. En este contexto, el 74 por ciento cree que si sus organizaciones experimentasen un ataque, recuperarían todos sus datos si pagaran el rescate y el 66 por ciento cree que una vez que pagasen el rescate, no volverían a ser atacados. Aunque la mayoría contaba con pólizas de seguro, solo el 28 por ciento de los afectados ha declarado que sus organizaciones recibieron un reembolso completo.
Además, el informe ha destacado que las políticas de ransomware están muy sujetas a reservas, ya que el 57 por ciento indicó que su organización debía demostrar las «mejores prácticas» de prevención. Por otro lado, el 43 por ciento afirmó limitaciones en el pago de reclamaciones y el 40 por ciento mencionó escenarios particulares que anulaban la póliza.
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