La Policía Nacional ha bloqueado un total de 45.773 dominios web maliciosos relacionados con el COVID-19 desde que comenzó el estado de alarma. El cuerpo policial rastrea desde hace semanas la Red en busca de páginas relacionadas con el coronavirus que se utilicen para cometer ilegalidades.
Desde que comenzó el estado de alarma en España, la Policía Nacional ha monitorizado en total 415.973 dominios relacionados con el COVID-19. De todos ellos, ha podido confirmar que esos casi 46.000 escondían actos delictivos. La Unidad Central de Ciberdelincuencia ha solicitado y verificado el bloqueo de todos ellos, mientras continúa su labor de investigación y rastreo de páginas similares.
Ciberpatrullaje en la Red
La Policía Nacional considera sospechosos otros 74.580 dominios web, bien porque pueden servir de plataforma para cometer ilegalidades o porque existen posibilidades de que lo hagan en poco tiempo. Los agentes continúan monitorizandolos para proceder a su cierre si se confirman su peligrosidad.
Asimismo, el cuerpo continuará sus labores de ciberpatrullaje tanto la Internet superficial como en la Dark Web para descubrir nuevos dominios o detectar si alguno de los bloqueados se intentara volver a activar.
La Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC)
La Unidad Central de Ciberdelincuencia (UCC) de la Policía Nacional tiene esa denominación desde hace un par años, pero su germen fue el Grupo de Delitos Informáticos, creado hace cerca de 25 años. Este órgano está encargado de la investigación y persecución de las actividades delictivas que impliquen la utilización de las TIC. Persigue los ciberdelitos de ámbito nacional y transnacional que estén relacionados con el patrimonio, la protección al menor, el abuso infantil, los fraudes, la propiedad intelectual e industrial o los delitos contra la libertad sexual, entre otros. Paralelamente, también actúa como Centro de Prevención y Respuesta E-Crime del Cuerpo Nacional de Policía.
De la UCC dependen tres brigadas: la Brigada Central de Investigación Tecnológica, a la que corresponde la investigación de las actividades delictivas relacionadas con la protección de los menores, la intimidad y la propiedad intelectual e industrial; la Brigada Central de Seguridad Informática, a la que corresponde la investigación de las actividades delictivas que afecten a la seguridad lógica; y la Brigada de Fraude Informático, que investiga el fraude en la Red.
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